Por: Neida Rodríguez Rodríguez (neida.rodriguez@upr.edu)
Puerto Rico se enfrenta a la peor crisis financiera en su historia, que unida a una economía maltrecha desde inicios del 2006 antecede la llegada de una Junta de Control Fiscal, que será compuesta por cinco miembros designados por el Presidente de los Estados Unidos, dos de ellos residentes de Puerto Rico, una silla para el Secretario del Tesoro Federal y una para el Gobernador de Puerto Rico, el cual tendría voz pero no voto.
Dentro de sus poderes, éste organismo tendría la capacidad para:
- Recurrir a un juez federal para una reestructuración supervisada por el tribunal para obligar a los acreedores a entrar en acuerdos
- Paralizar temporal las reclamaciones judiciales de los acreedores
- Establecer un proceso de auditoría financiera, plan fiscal y mediación para reestructurar la deuda
- Implantar presupuestos y hacer recortes para balancear el presupuesto incluido y el de las corporaciones públicas
- Estudiar independientemente los sistemas de retiro para conocer su condición actual y sustentabilidad
- Poder para citar tanto al gobierno local como el federal
A pesar de la importancia enorme de éste comité, datos obtenidos mediante encuestas a estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en los Recintos de Arecibo y Utuado, demostraron que un 40% de los encuestados indicó que no sabe lo que es la Junta de Control Fiscal, mientras que un 60% señaló que sabe lo que es. Por otro lado, un 64% de los encuestados expresó que no conoce las posibles medidas que la Junta de Control Fiscal tomaría y un 36% dijo que las conoce y por último un 77% reveló que no está de acuerdo, un 16% manifestó que está de acuerdo y un 7% no respondió la interrogante. Ésta encuesta indica que aunque un 60% de los participantes sabe lo que éste comité, un 65% de los participantes no conoce las posibles medidas que dicha agrupación tomaría.
Por otro lado, la Dra. Eneida Rodríguez Rossy, profesora del Departamento de Administración de Empresas (ADEM) de la Universidad de Puerto Rico en Utuado (UPRU) manifestó estar a favor “por que las decisiones tomadas en este país hasta el momento, han sido basadas en poderes partidistas y utilizando como excusa el estatus político.” Indica la doctora que el país no ha contado con un modelo de desarrollo económico ni de inversión de capital extranjero desde la eliminación de la sección 936 lo que ha deteriorado la situación económica de la isla.
El Dr. Frank Rivas Márquez, profesor de economía de la UPRU, expresó que la Junta “Traerá beneficios positivos si se modifica por que habrá un ente fiscalizando gastos e ingresos del país” y añadió que en referencia al poco conocimiento que hay sobre ésta congregación se debe atender lo más pronto posible a través de vistas públicas y que el grupo que forme parte de la Junta informe directamente cual será la gestión y alcance. Rivas indicó que en Puerto Rico es demasiado costoso vivir y los bajos salarios, la poco ayuda que se le brinda al pequeño comerciante y las altas contribuciones incitan la inmigración.
