Por: Naisha Rivas Rivera (naisha.rivas@upr.edu)
Mi hermano es uno de los 90,150 estudiantes que pertenecen al Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (DEPR). Los recursos que él necesita suelen estar perdidos en el espacio como el cepillo de dientes de un astronauta. La carencia de terapistas y asistentes especiales es más común que una tormenta en el medio de septiembre. Y es que el Programa no ofrece directamente, o por contratación, todos los servicios que los estudiantes deben recibir conforme a la ley.
El informe anual de desempeño del DEPR fue presentado al Tribunal de Primera Instancia de San Juan y éste indicó que la población de niños con necesidades especiales no obtiene el cuidado que merece. La calificación que la Dra. Pilar Beléndez Soltero, encargada de los hallazgos, le otorgó al programa fue de 1.88 puntos dentro de un máximo de 4.
A consecuencia de esto, mi hermano y la mayoría de los estudiantes que forman parte de dicha población, no tienen la oportunidad de recibir la atención y los servicios necesarios para poder desarrollar su conocimiento. Gracias a la mediocridad de la agencia y de los chanchullos de su ex secretaria Julia Keleher, estos alumnos pierden una gran porción de tiempo lectivo que resulta sumamente esencial para su desenvolvimiento. Además, la triste realidad es que existen maestros que no tienen la paciencia ni la vocación para trabajar con estos alumnos.
Para variar, hasta la solicitud de transportación suele ser un proceso desesperante para los padres que necesitan el beneficio para sus hijos. La cosa está tan mala que los encargados deben comprar todos los materiales del salón, y fíjese que el presupuesto debe de cubrir esta necesidad. Hablamos de $470 millones para el Programa y $38 millones destinadas solamente para las terapias.
Mirando la situación desde una perspectiva diferente, podemos decir que el 31% de los estudiantes de este país se ve afectado por la negligencia del Departamento. Sufrimos de un nivel crítico de incumplimiento en el Departamento de Educación. Los padres de estos niños con necesidades especiales expresan quejas constantes hacia la agencia y aun así, la falta de acción sigue siendo el mayor problema. La demanda de los servicios es sumamente grande, y aun así, no se toman las medidas necesarias para ayudar a todos esos estudiantes que son afectados por diversas discapacidades.
Tanto los profesionales como los fondos se encuentran disponibles, no hay ninguna necesidad para dejar a esa cantidad de estudiantes en la intemperie. Ni el servicio en el CESCO es tan mezquino como el que se le da a estos niños.
Cada persona envuelta en esta dicotomía debe hacerse responsable de su trabajo. Esta población realmente necesita la ayuda que se les promete de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico. Año tras año, se repite esta disputa, como si los niños no fueran una prioridad en las escuelas. Es hora de que dejen el estigma atrás, esa separación y el trato “de lejitos” que le tienen a los niños especiales, que incluso, sorprenden con sus habilidades. Los servicios son indispensables, su desarrollo educativo es importante y el DEPR debe darse cuenta de que ellos también son el futuro.
