Por: Jobenny Rivera Plaza (jobenny.rivera@upr.edu)
Antes de que inicie a dar lectura a mi escrito, haré una salvedad. No soy abogado, fiscal, juez, analista político, ni tampoco una figura prominente en este país. Soy un estudiante universitario puertorriqueño que, al igual que muchas personas, tiene inquietudes ante la cotidianidad que vivimos en esta isla y que siente la necesidad de expresarlas. Además, soy un defensor del derecho de la libertad de expresión y considero, como estudiante de periodismo, que es importante observar y analizar los fenómenos, en este caso legales, que nos rodean para así lograr entenderlos mejor y arrojar luz sobre ellos. Demás está decir que no tiene que avalar lo que aquí se exponga.
En la vida que vivimos ocurren situaciones que no entendemos y a menudo parecen no tener ni pies ni cabeza. Son muchas las ocasiones en que las portadas de nuestros periódicos se publican manchadas de sangre. Son muchas las ocasiones también en las que observamos en la prensa las desgarradoras imágenes de familiares o amigos viendo a un ser querido recientemente difunto ahogado en un mar de sangre. Muchas más son las ocasiones en que familiares acuden a los tribunales para que se haga justicia por el asesinato de un miembro de su vínculo afectivo. Más doloroso es tener que enfrentarse cara a cara con el asesino de un ser querido en un tribunal y observar que el rostro de esta persona no demuestra ni una pizca de arrepentimiento. Algo que es seguro y a la vez más doloroso es realizar que ese núcleo familiar JAMÁS será igual, que ha sido tronchado para siempre. Peor aún es reconocer que no se haga justicia en este atolón y que el caso, como muchos otros, pase a la historia.
Innumerables casos de asesinatos han ocurrido en nuestro país. Incluso ya casi se han convertido en el pan nuestro de cada día. Esta vez, utilizaré este foro para hablar de dos casos específicos. El primero lo conocemos todos. Pronto se cumplen seis años. Seis años en los que usted y yo hemos sido partícipes de un circo mediático. Versiones contradictorias, señalamientos indebidos, falta de ética, escenas del crimen alteradas, lágrimas puritanas, la prensa esperando a las afueras del juzgado… Pero, y ¿qué ha sucedido con la vida inocente que se perdió? Esa es la gran incógnita. Efectivamente me refiero al caso del niño Lorenzo, proceso judicial que se ha dilatado más de lo esperado o deseado.
Lamentable desde aquella fatídica noche del 9 de marzo, hasta el día de hoy; es increíble pensar que aún no se hayan radicado cargos. Mientras tanto los progenitores del menor le han dado más énfasis a disputar en los tribunales la custodia y pensión de las hermanas de Lorenzo que en hacerle justicia a su hijo difunto. Realmente es tanta la indignación que me causa que solo pienso en el momento en que pueda hacerse justicia. No podría nunca ser juez de este caso porque haría una súper redada. Si fuera por mi (y estoy seguro que muchos comparten mi pensar) yo sentenciaría a TODAS las personas que se involucraron en este caso, iniciando por la madre y sus compinches, continuando por los abuelos del menor por haber limpiado la escena donde acababan de asesinar a un niño y a los involucrados por convertir este caso en un circo mediático desde un inicio. No tengo que abundar mucho sobre este caso, pues todos los conocemos y estamos empapados de lo que ha transcurrido durante estos seis años. Precisamente este año hubiese sido uno de celebración para el niño Lorenzo, pues cumpliría sus quince años, pero por las acciones de una persona insensata y criminal, su vida fue tronchada en un instante.
Continuaré con el segundo caso que desde hace algunos días me ha quitado el sueño. Se trata de una joven esposa y madre con anhelos por cumplir, entre ellos convertirse en periodista y volver a ser a madre. Lamentablemente, su andar en el plano territorial culminó la pasada semana. La fiscal Francelis Ortiz Pagán fue asesinada al llegar a su casa. Realmente no encuentro necesario exponer en este texto lo ocurrido, más bien hacer un llamamiento a la justicia. Este caso no debe quedar impune, entro otros tantos casos que llevan años girando y girando como ropa sucia en una lavadora y por las razones que sean y los intereses que haya que proteger, aún no se han esclarecido.
Me parece completamente absurdo que a estas personas (fiscales) no se les provea seguridad en todo momento. Más absurdo aún es, que exgobernadores de nuestro país sí tengan derecho a estos beneficios, si justificación válida. ¿Acaso ellos son los que están arriesgando su vida día a día? ¿Será que ellos se exponen a litigar con criminales? Las escoltas no deben representar un lujo, ni mucho menos equivaler a un alarde de sus poderes. Desde luego, debe ser visto como un derecho, no como un privilegio contar con una protección. Si la honorable Ortiz hubiese obtenido este derecho, asumo que la historia hubiese sido otra.
Por último, hago un llamado al Departamento de Justicia a que se establecezcan de una vez prioridades reales. No podemos permitir que los criminales intimiden o asechen a las personas que merecen un respeto y el derecho a estar protegidos, ya sean ciudadanos o fiscales y jueces. Los homicidios no pueden quedar a la intemperie, ni tampoco es comprensible que el asesino o la asesina ande en la libre comunidad buscando su próxima víctima. Espero que no trascienda mucho tiempo en que este y muchos otros casos se esclarezcan. No es posible que se diluyan en el aire como si nunca hubiesen ocurrido. Algo tiene que cambiar.
