Si una persona pasa años en prisión y algún día tendrá que regresar a la sociedad, ¿no deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo durante ese tiempo para que su regreso sea diferente?
El martes 15 de septiembre de 2026, a los 17 años, Anthonieska Avilés Cabrera se declaró culpable en un proceso criminal que culminó en una sentencia de 38 años y un día de prisión. Ahora, gran parte de su vida adulta transcurrirá dentro de un sistema cuya función es mantener a una persona tras las rejas por un tiempo. La verdadera medida de ese tiempo podría encontrarse en lo que suceda luego de su condena, mientras busca oportunidades de empleo, educación y reintegrarse en la sociedad.
Lo que ocurrió fue una tragedia que no puede ser justificada. Gabriele Nicole Pratts fue asesinada a sus 16 años y la devastación causada a muchos familiares no debería ser ignorada. Pero, hay que reconocer que el sistema disfuncional también obliga a mirar hacia lo que viene luego de su libertad. Sin embargo, una condena extensa no responde la siguiente pregunta. ¿Qué estará haciendo el sistema para prepararla para ese momento?
Para muchos prisioneros que salen de estos supuestos lugares de corrección, sin estabilidad económica y un historial de antecedentes penales, comenzar de nuevo puede convertirse en un gran obstáculo. Y claro, para algunas personas, aumenta el riesgo de regresar al mismo ciclo del que intentaban salir.
En 2019, el Perfil de la Población Confinada del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de Puerto Rico registró que un 39% de los confinados estuvo ingresado en alguna institución del sistema de adultos previo a su ingreso actual. Casi un tercio de los confinados cumple sentencias por delitos contra la vida, mientras que un 29% son admitidos por delitos contra la propiedad. También establece una participación de solo 25% de prisioneros en programas de rehabilitación. Estos datos nos ayudan a acercarnos a una realidad dentro de estas instituciones y sus desigualdades. Una parte considerable de la población confinada ya había pasado por el sistema de adultos, mientras que solo un cuarto de condenados contribuye en programas rehabilitación. Esto no salva los actos ilícitos, pero sí surgen preguntas sobre lo que ocurre cuando una persona cumple su condena.
Por otro lado, uno de los principios esenciales en la rehabilitación es aumentar la disponibilidad de recursos que los ayuden a reintegrarles a la sociedad. Un gran ejemplo son los programas de apoyo en buscar vivienda. Si esta persona no tiene donde vivir, comenzar de nuevo se convertirá en un mayor reto sin estabilidad para conseguir empleo, continuar estudios o mantener una vida cotidiana. También, la educación debería ser una prioridad para los excarcelados. Aunque existen programas educativos, muchos no tienen estas oportunidades de manera equitativa, por lo que existe una escasez de la educación continua en estas instituciones.
Muchas personas entienden la prisión punitiva principalmente como un objetivo fundamental para proteger a la sociedad. Pero si deseamos proteger a la sociedad también implica reducir los ciclos que pueden llevar a una persona nuevamente a delinquir. Ahora bien, reconocer la necesidad de rehabilitar no significa ignorar la gravedad de los delitos ni el daño causado a las víctimas y sus comunidades. Conviene subrayar que estos casos no deberían ser tratados de la misma manera, sea por delitos muy graves. Hay causas en las que mantener a una persona privada de su libertad es necesario para proteger a los demás.
Pero, el sistema solo prepara muchas personas para cumplir un castigo, no para aprender vivir después del encierro. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿Qué estamos devolviendo a la sociedad cuando una persona sale de prisión?
